Colombia deberá realizar un ajuste fiscal cercano a $70 billones en 2027 para enfrentar el deterioro de sus finanzas públicas y recuperar espacio para la inversión. Así lo señaló José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, en Cartagena, donde vinculó la recuperación económica con la reducción del gasto y la reactivación del capital privado.
El funcionario aseguró que el primer paso fue una decisión adoptada el día anterior a su intervención para eliminar cerca de $14 billones del presupuesto nacional de este año. “Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un rescate de cerca de 70 billones de pesos”, afirmó. Aunque presentó la cifra como parte del esfuerzo para controlar el gasto, no detalló las partidas que concentrarían el ajuste de 2027.
Para dimensionar el desafío, Restrepo sostuvo que la deuda pública pasó de $800 billones a más de $1.200 billones en cuatro años, un incremento de 50%. También aseguró que el país llegó a registrar gastos mensuales de $40 billones frente a ingresos de entre $19 billones y $25 billones, una brecha que, según advirtió, compromete la sostenibilidad de las cuentas públicas.
A ese panorama sumó el encarecimiento del financiamiento estatal. Según el vicepresidente, su costo se duplicó entre 2022 y 2025, mientras el déficit primario se multiplicó por cuatro durante ese periodo. El funcionario atribuyó ese deterioro a las decisiones del gobierno anterior y defendió la necesidad de recuperar la credibilidad fiscal.
Lea aquí: José María Chacón Banderas, de cargar tacos de golf a transformar la industria en Cúcuta
El ajuste también tendría implicaciones para la vivienda. Restrepo señaló que los desequilibrios fiscales presionan la inflación y dificultan el acceso a financiación para los constructores. Por eso, planteó que el control del gasto debe acompañarse de mecanismos que permitan movilizar recursos hacia nuevos proyectos y mejorar las condiciones del crédito.
La apuesta económica que presentó tiene como meta alcanzar un crecimiento de 6%, apoyado en inversión privada, simplificación de trámites, formación de talento y estructuración de proyectos. En ese frente, cuestionó que el ahorro se concentre en títulos de deuda pública y pidió ampliar su participación en la financiación de actividades productivas.